La Corte de Arbitraje de Madrid y la Fundación Rafael del Pino con el patrocinio de las firmas KPMG, Ernst & Young y Netvalue, así como con la colaboración del Club Español del Arbitraje congregaron el pasado 15 de noviembre a las máximas autoridades judiciales con responsabilidad en materia arbitral en España y a los más prestigiosos especialistas en arbitraje para reflexionar sobre las necesidades de las empresas de contar con sistemas rápidos y de calidad para la resolución de los conflictos mercantiles.

Se trata de una iniciativa pionera en España que, bajo el título de “aliados en la resolución de disputas comerciales”, reunió a más de 250 asistentes.

Como subrayó  el Presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, Miguel Ángel Fernández-Ballesteros “en la feroz pero saludable competencia que se ha instalado en los países más desarrollados para presentarse al mundo como sedes idóneas para sustanciar arbitrajes, un elemento decisivo es el papel y la intervención que en arbitraje se asigna a los órganos jurisdiccionales.
  
Dado que el arbitraje es un instrumento que propicia y aumenta la seguridad jurídica, un factor determinante de las inversiones y las transacciones comerciales en una economía globalizada, el presidente de la Cámara de Comercio y CEIM expresó que se trata de “uno de los mejores y más importantes servicios que las Cámaras de Comercio de todo el mundo podemos prestar a los empresarios”.
 
En este sentido, tanto Fernández-Ballesteros como Arturo Fernández pusieron de relieve la vocación internacional de la Corte de Arbitraje de Madrid para la resolución de los conflictos de las empresas en sus operaciones de comercio exterior.
 
Esta institución arbitral se ha convertido, tanto por número de asuntos tramitados como por volumen económico en disputa (más de 2.000 millones de euros solo en 2012) en una de las cinco Cortes de Arbitraje más importantes de Europa. Además, se ha hecho acreedora de la confianza de las más prestigiosas instituciones internacionales, como la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil (Uncitral) o la Federación Internacional de Instituciones Arbitrales (Ifcai).
 
En la inauguración de este Congreso también intervinieron el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Gonzalo Conde; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira; y los presidentes de honor del Club Español del Arbitraje, José María Alonso, Jesús Remón y Antonio Hierro.
 
Entre todos ellos perfilaron el estado de partida de las relaciones entre el arbitraje y la jurisdicción. Ricardo Gonzalo subrayó la importancia del arbitraje para la competitividad empresarial, ya que “evita que se inmovilicen recursos económicos sine die”.
 
Para reflexionar sobre el futuro de esta alternativa a los tribunales, el Congreso se organizóen torno a cinco mesas redondas.
 
En la primera mesa, los jueces identificaron las ventajas e inconvenientes del arbitraje. Moderada por Jesús Remón, volvieron a tomar la palabra Ricardo Gonzalo Conde y Francisco Javier Vieira, a quienes se sumaron: el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción; la magistrada del Tribunal Superior de Cataluña, María Eugenia Alegret, y el presidente de la sección octava de la Asamblea Provincial de Madrid, Antonio García Paredes.  
 
Vieira señaló sus apoyo al arbitraje al afirmar que “los árbitros son más capaces de juzgar en sectores complejos y especializados”. Por su parte Mª Eugenia Alegret destacó como una ventaja competitiva la mayor especialización de los árbitos.
 
La segunda mesa del Congreso giró en torno al reconocimiento de los laudos extranjeros en España y, en concreto, a la interpretación que aquí se hace del llamado convenio de Nueva York, esto es, la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras que se firmó en esta ciudad en 1958.
 
Las otras tres mesas redondas se dedicaron a analizar: la importancia de que los jueces confirmen las decisiones arbitrales y en las consecuencias de la anulación de un laudo; el apoyo judicial a la función arbitral, con el nombramiento de árbitros y medidas cautelares; y los requisitos y motivos de oposición en la ejecución de laudos, a fin de determinar las buenas y malas praxis.