Por segundo año consecutivo, la Corte de Arbitraje de Madrid y la Fundación Rafael del Pino, con el patrocinio de Auren, Forest Partners y Netvalue, y la colaboración de KPMG, congregaron a las máximas autoridades judiciales con responsabilidad en materia arbitral en España y a los mayores especialistas en arbitraje con el objeto de dialogar y aunar esfuerzos sobre la necesidad que tienen las empresas de contar con sistemas rápidos y de calidad para la resolución de conflictos mercantiles y ofrecer un entorno de seguridad jurídica a las mismas en sus operaciones .

Al Congreso acudieron más de 250 profesionales de la materia y participaron 30 ponentes en cinco mesas distintas.

La primera mesa del día, moderada por Miguel Ángel Fernández Ballesteros y en la que intervinieron D. Sebastián Sastre Papiols y D. Jose Ramón Ferrandiz, del Tribunal Supremo, D. Francisco Javier Vieira, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y D Miguel Ángel Gimeno Jubero, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sirvió para conocer cuál era la opinión de la judicatura respecto a la salud que goza actualmente la institución del arbitraje y cuál creían que sería la evolución de la misma en el futuro, siendo ésta muy optimista y revelando un respeto por los árbitros y un apoyo de la judicatura al arbitraje.

En la segunda mesa, el debate se centró en los motivos de anulación del Laudo y giró en torno a dos visiones; la primera fue la visión de los jueces de los motivos de anulación y su interpretación de los mismos, con la participación de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cataluña y Madrid, D. Miguel Pasquau Liaño, Dª María Eugenia Alegret y Dª Susana Polo García y de la Secretaria General de la Corte de Arbitraje de Madrid, Dª Elena Gutierrez García de Cortázar, y la segunda fue la visión de la Corte de Arbitraje de Madrid, cuya Secretaria General, Dª Elena Gutiérrez, explicaba las actuaciones que realizaba la Corte en aras de evitar la anulación de un Laudo. También se analizó la posibilidad de renunciar anticipadamente a la acción de anulación del Laudo.

La tercera mesa, bajo el título “la declinatoria por sometimiento a arbitraje ¿revisión plena o prima facie?”, los intervinientes realizaron un análisis en derecho comparado europeo sobre la materia, para finalmente apuntar la necesidad de realizar una modificación legislativa en España que aclarase la cuestión de si el Auto produce o no efectos de cosa juzgada, aunque la conclusión final fue que los Autos no tienen efectos de cosa juzgada, tal y como muy acertadamente resumió D. Antonio Sánchez Pedreño, Presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, al final del Congreso.

La cuarta mesa trató sobre el “nombramiento judicial y recusación” de los árbitros. En la misma, fuimos partícipes de los diferentes criterios y procedimientos que utilizan los distintos Tribunales Superiores de Justicia a la hora de designar árbitros, apuntándose a la necesidad de unificarlos.

Se revisaron las causas de recusación, y al hilo de los requisitos de independencia e imparcialidad de los árbitros se trató la exigencia de imparcialidad también a las instituciones arbitrales dentro del arbitraje institucional, dado el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo del procedimiento arbitral. En este sentido, quedó patente que la Corte de Arbitraje de Madrid goza de prestigio internacional gracias a su funcionamiento autónomo desde su creación en 1989.

La última mesa analizó las dificultades que presentaba la solicitud de las medidas cautelares en apoyo del arbitraje, tanto en sede arbitral como en sede judicial y en concreto, la solicitud de medidas cautelares en apoyo de un procedimiento de exequátur. También se analizaron distintas cuestiones relativas a la ejecución de laudos.

La clausura del Congreso fue a cargo del Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá, que calificó el arbitraje como “un verdadero equivalente jurisdiccional que permite recurrir a expertos de la materia vinculada a la controversia” que haya que dirimir. Con un componente de celeridad que, según explicó el Ministro, avalan las propias estadísticas de la Corte de Arbitraje de Madrid. Así, 8 de cada 10 arbitrajes tienen una duración inferior al año. La cuantía media en disputa en cada procedimiento, según los años, oscila entre los 3 y los 6 millones de euros, por lo que los más de 200 asuntos tramitados en 2013 sumaron un valor cercano a los 1500 millones de euros.

Según el Ministro de Justicia, el fortalecimiento del arbitraje reporta grandes beneficios a la Administración de Justicia porque, como alternativa a los tribunales alivia la carga de trabajo de los órganos judiciales al canalizar por otra vía complejas controversias.

Por último, el Ministro destacó los logros conseguidos por la Corte de Arbitraje de Madrid, tanto en materia de transparencia (acceso on-line de las partes a los procedimientos de arbitraje, con un sistema de comunicación instantánea las 24 horas del día) como de solvencia y rigor. Por ello, animó a difundir este modelo innovador en el resto del país como medio para fomentar la cultura del arbitraje y propiciar que en los contratos entre empresas se incluya con más frecuencia la cláusula arbitral.

El Ministro estuvo acompañado en la clausura del Congreso por D. Vicente José Montes, D. Antonio Sánchez Pedreño y la Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Dª Sonia Gumpert.