El 31 de mayo de 2018 el Pleno de la Corte de Arbitraje de Madrid tomó los siguientes acuerdos: la creación de un Comité Asesor, la incorporación de Cristina Vidal a la Comisión de Designación de Árbitros, la actualización y publicación de las reglas internas de esa comisión y la revisión de las reglas de honorarios de árbitros para adaptarlas a la práctica internacional.
Con estos cambios y otros que se pondrán en marcha próximamente, la Corte renueva su compromiso con la mejora constante de sus estructuras, procedimientos y equipos. El contenido de los acuerdos se explica detalladamente aquí.
La Corte de Arbitraje de Madrid va a celebrar el próximo 19 de abril el I Congreso de Arbitraje de Inversión en Iberoamérica.
Se trata del I Congreso de estas características que se celebre en España y en el que, con ayuda de prestigiosos ponentes españoles, europeos y latinoamericanos, todos ellos reconocidos expertos en la materia, se pretende, a través del análisis, reflexión y diálogo, contribuir a la construcción de instrumentos jurídicos decisivos para el mejor desarrollo económico global y, en particular, iberoamericano.
En la última década y con la apertura al comercio internacional, la economía latinoamericana se ha visto marcada por la recepción de numerosa inversión extranjera. Este masivo incremento ha subrayado la necesidad de contar con adecuados mecanismos de protección de dichas inversiones, lo cual ha dado lugar a la firma de Tratados de Protección Recíproca de Inversiones entre Estados Europeos e Iberoamericanos (APRIs). En este sentido, la debida seguridad jurídica es un factor muy significativo para las relaciones económicas y, en general, para las inversiones extranjeras.
Estos tratados bilaterales y multilaterales de protección de inversiones cumplen un rol fundamental en la consolidación de la confianza de los inversores extranjeros, asegurando a éstos la protección de la inversión que realicen en dicho país.
Al objeto de proteger eficazmente al inversor extranjero y ofrecer garantías, los APRIs contienen mecanismos de solución de controversias en virtud de los cuales el inversor privado puede recurrir al arbitraje internacional para dirimir sus diferencias con el Estado receptor de la inversión.
En este sentido, la trascendencia del arbitraje internacional de inversiones en la solución de conflictos inversor-estado ha tenido un reflejo singular en América Latina, en las que las actuaciones gubernamentales de algunos estados con respecto a inversiones extranjeras han activado la necesidad de que dichos inversores acudieran al arbitraje en defensa de sus intereses. Son conocidos los casos recientes en los que grandes empresas españolas con intereses estratégicos en países latinoamericanos han utilizado el arbitraje internacional para dirimir sus disputas con Estados que han violado Acuerdos de Protección de Inversiones.
